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¿Qué se pide cuando se pide “Toque de Queda”?

Por: Dr. Pablo Rafael Verde

En las últimas semanas, se han levantado distintas voces incoherentes y disconformes, aunque representativas de una porción no mayoritaria de la población, reclamando la instauración de lo que popularmente se da a denominar “Toque de Queda”. En el concierto internacional y regional, una importante cantidad de países de la Unión Europea, así como de los países vecinos y aledaños han buscado alguna solución de gobierno que implique este tipo de medidas que instauran una suerte de estado policial. Análogamente, en lo doméstico, la oposición reclama al gobierno por distintas vías, que tome medidas más restrictivas de la libertad de los ciudadanos y de sus derechos humanos, para combatir los coletazos más furtivos a nivel nacional de la pandemia global, cuando es nutrida por la conducta de los habitantes que no acatan las medidas sanitaras de distanciamiento social libre y responsablemente.

Por eso es interesante abordar las implicancias para la población de lo que se pide cuando se pide “Toque de Queda”. Bajo este término “Toque de Queda”, todos interpretamos la limitación a uno de los derechos humanos esenciales y de primera categoría, como lo es en nuestra legislación consagrado con el rango constitucional: la libertad ambulatoria o de circulación. Entonces, con poco esfuerzo concluimos que el pedido de los descontentos consiste en solicitar que las instituciones gubernamentales procedan a restringir el derecho de circular con libertad o de estar en la vía pública, e imponer la obligación de permanecer en sus hogares, con excepciones con causa urgente o necesaria. Es así que la libertad ambulatoria encuentra consagración y protección expresa en nuestra constitución por los artículos 15 y 37 de la Carta Magna. Por consiguiente, naturalmente solo mediante algún dispositivo previsto en la Constitución de la República, el Presidente podría hacer uso de los poderes de emergencia para, de alguna manera, perforar esa libertad de circulación, exclusivamente atendiendo a situaciones especialísimas y de gravísima entidad previstas taxativamente en la Constitución, como no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho.

Es así que los que piden el Toque de Queda, en puridad están pidiéndole al Presidente de la República (PROU) que haga uso de las Medidas Prontas de Seguridad (Medidas PS) previstas en el art. 168 Numeral 17° de la Constitución como poder de emergencia, para que convoque a un Estado Policial provisorio mientras duren las causas que dan lugar al estado de emergencia. El artículo de la Constitución que se viene de nombrar, es el que establece las competencias de Presidencia y del Presidente de la República, y establece que le compete al PROU “actuando con el ministro o los ministros respectivos (…): 17) Tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, dando cuenta dentro de las 24 horas a la Asamblea General, en reunión de ambas cámaras (…), de lo ejecutado y sus motivos, estándose a lo que éstas últimas resuelvan.

En cuanto a las personas, las medidas prontas de seguridad solo autorizan a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro del territorio, siempre que no optasen por salir de él. También esta medida, como las otras, deberá someterse, dentro de las 24 horas de adoptada a la Asamblea General en reunión de ambas cámaras (…) estándose a su resolución.”

Pero atendamos necesariamente lo que nos manda la Constitución en relación a los supuestos de hecho, para poder ponderar en alguna medida desde nuestras casas, el mérito, la oportunidad y la necesariedad de la aplicabilidad de estos poderes de emergencia. Como venimos de ver, el uso de las Medida PS como instrumentos reglados por el Estado de Derecho, se disponen a efectos de resolver conflictos de extrema gravedad donde está en riesgo la supervivencia del orden constitucional y la estabilidad del Estado Derecho.

Nos será de ayuda para iluminar este camino oscuro y empedrado, algunos conceptos del excelentísimo profesor constitucionalista Justino Jiménez de Aréchaga: “El orden que se protege mediante la actividad policial es un orden material. La policía, dice HARIOU no atiende a las causas intelectuales o morales del desorden, sino a la manifestación externa del desorden. (...) Es tranquilidad pública. Es también seguridad pública. Y es, por último, salubridad pública”.

Ahora bien, dispongámonos a analizar la realidad a efectos de determinar si estamos presenciando una crisis constitucional o si peligra la subsistencia del Estado de Derecho. Es cierto que nos encontramos en los momentos más álgidos, dolorosos y traumáticos de la epidemia a nivel nacional, y encuentra al Gobierno Nacional que ha manejado la crisis de la mejor manera posible, y como ningún otro país en el continente. Durante más de un año, se ha logrado, al cabo del mismo, hacer coincidir un exitoso proceso de vacunación, ya cercano a la mitad de la población nacional vacunada, con el peor momento de la crisis sanitaria marcada por números más altos de casos y de muertes diarias en las últimas semanas, y con una población mayormente consciente de que las medidas sanitarias comienzan por casa y por quedarse en casa, al menos durante los meses que demore completar el proceso de vacunación, lo cual da una certeza de que se ve la luz al final del túnel. Los datos para los últimos días muestran que está descendiendo el número de casos, en especial el número de activos en la salud, se enlentecen las internaciones por COVID en CTI, y las vacunaciones, avanzan a pasos de gigante. Entonces, ¿hay verdaderamente una crisis del Estado de Derecho que haga necesario desplegar los dispositivos jurídicos y policiales para arrestar a las personas por estar fuera de sus casas?

¿Hay verdaderamente un grave peligro que pone en riesgo el orden constitucional que respalde las limitaciones a las garantías constitucionales, las libertades personales y los derechos humanos de los uruguayos? Pues así es como están solicitando los legisladores del Frente Amplio como coalición de izquierda y centro-izquierda un día sí y otro también, el cercenamiento provisional de los derechos humanos puesto que consideran que vivimos en un estado de peligrosidad extrema de nuestro ordenamiento constitucional, de manera contraria a lo que ha sido la tradición en esta materia, para la izquierda nacional, que siempre se levantó garantista contra el uso de las Medidas Prontas de Seguridad. Medidas que nos evocan a todos los uruguayos a las últimas veces que fueron tomadas, en momentos realmente álgidos y críticos de nuestra historia nacional hace más de 50 años, cuando la seguridad nacional se veía conmocionada internamente por las amenazas y el terror que infundían las organizaciones terroristas armadas no representativas de toda la izquierda, en circunstancias tales en la que las Medidas PS solo contribuyeron a sucumbir el orden constitucional y a hacer perecer el Estado de Derecho. Porque el uso y la renovación de las prórrogas de las Medidas PS de manera constante llevó a debilitar el gobierno de la época, volviéndolo inoperante, ineficaz, con resultados nefastos en términos de descreimiento y desconfianza generalizada en el sistema político en su totalidad, a la sazón.

Pero no, señor, esta no es la situación. Gozamos de los más altos niveles de confianza en el sistema político en más de 70 años, de una de las democracias más sólidas del mundo, gracias a todos los partidos políticos, y a la conciencia cívica nacional y no será la pandemia la que desestabilice las bases de nuestra democracia.

Ahora bien, si el gobierno cede ante las presiones para el uso de las Medidas PS, entonces es más fácil que la situación devenga en desviaciones policiales, porque hay que estar dispuestos a entrar en un estado policial con todas sus consecuencias respecto de las menores garantías personales a las que nos someteremos los uruguayos, que no es natural al ciudadano uruguayo, y eso el Frente Amplio lo tiene muy claro. Por eso es muy raro que pida este tipo de medidas, porque tampoco está en la idiosincrasia del Frente Amplio. Salvo que estemos en presencia de una desfiguración política del Frente Amplio, y que detrás del pedido al Presidente que limite nuestras libertades hayan subrepticias intenciones de control que conduzcan al PROU a una suerte de sometimiento voluntario al contralor parcial de la Asamblea General por efectos de las eventuales Medidas PS, para ciertas decisiones gubernamentales. Máxime que, como venimos de ver, no están dadas las circunstancias que pide la Constitución, que ameriten que el PROU proceda a la activación de las disposiciones restrictivas de nuestras libertades.

Entonces, ¿podemos ver con mayor claridad lo que se pide cuando se pide Toque de Queda? Es así que quedará la interrogante planteada respecto de si hay una preocupación genuina por la seguridad y salud de la población por parte de los que piden estas limitaciones constitucionales a los derechos humanos, o si subyace una intención de la oposición de obtener por esta vía, cierta participación y control de alguna manera en las decisiones de gobierno, por vía de las Medidas PS, aprovechándose de la confusión que intentan crear en el País, por medio de los ataques permanentes y muchas veces contradictorios al Gobierno Nacional, y a las personas que deben tomar decisiones de los destinos nacionales en complejos momentos de crisis internacional, de la que nadie es ajeno.