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Primero, El País

Por: Jonathan Gamenthaler

Cuando se anunciaron hace más de un año las primeras medidas para reducir la movilidad, muchas empresas decidieron cerrar sus puertas o reducir sus horarios de atención al público. No hubo en aquella época una ''obligación'' por parte del gobierno a cerrar, pero sí un pedido, al cual accedieron por un determinado tiempo.

Evidentemente, esa acción resultó favorable para evitar una escalada dramática en los contagios, y el número de muertes. Sin embargo, tuvo como contrapartida que miles de uruguayos fueran mandados a los seguros de paro. Parcial o total. A otros se les pagó la licencia en ese momento, y los menos favorecidos terminaron con un seguro desempleo, por haber sido echados de sus antiguos trabajos. Eso dentro del campo de la formalidad, los que dentro de todo siempre están en mejores condiciones para enfrentar adversidades, que aquellos que trabajan en la informalidad.

Luego de un tiempo, hubo locales que decidieron cerrar en forma definitiva, ya que se les hacía imposible continuar en parcial actividad.

Hay sectores en donde las actividades han estado prácticamente suspendidas desde el inicio de la crisis sanitaria, como lo son los organizadores de eventos, las presentaciones artísticas, entre otras.

¿Han sido suficientes las ayudas que se brindaron hasta el momento? Las ayudas nunca son suficientes.

Teniendo como base la situación actual, en donde estamos viviendo un aumento de contagios y muertes totalmente desproporcional a lo que estábamos acostumbrados hasta no hace mucho, se hace necesario que el gobierno en todos los niveles, coordine acciones no solamente para reducir la movilidad, como también el planificar el aumento de ayudas a los sectores más afectados por la crisis. No olvidemos que estamos a las puertas del invierno y cumpliendo con un año de restricciones.

Ese ''reducir la movilidad'' debe hacerse logrando el mayor apoyo político; si se plantea por ejemplo un ''toque de queda'', por algunas horas, como se hace actualmente en otros países, se debe preparar desde el punto de vista logístico, todo un aparato de control. Evidentemente ese aparato debe ser compuesto por todas las fuerzas militares presentes en el Ejército, Marina y Aeronáutica. Convocar a todas las fuerzas policiales, no descartando tampoco a los Bomberos y sus destacamentos.

Si se declaran medidas más duras pero nadie se hace cargo del control, será un mero ''saludo a la bandera''.

Lo evidentemente complejo de este planteo, es establecer qué hacer con aquellos que incumplan las medidas restrictivas. ¿Se les advierte?¿Se los multa?¿Se los detiene? Y si la respuesta a la tercera pregunta es afirmativa, nos preguntaremos luego: ¿dónde y por cuánto tiempo?

Después la pregunta central: ¿cuántos dispositivos legales habría que alterar para poder llevar adelante el planteo inicial?

¿Necesitamos llegar hasta ese punto?

Por otro lado, el prevenir el colapso en el sistema de salud, que parece cada día más cercano, ampliando las camas de CTI, contando con todos los insumos necesarios, humanos y materiales, es fundamental si queremos evitar lo peor: personas muriendo en las puertas de los hospitales sin asistencia intensiva.

La responsabilidad es compartida, y la ciudadanía debe actuar en consecuencia, evitando aglomeraciones y manteniendo las recomendaciones del gobierno.

Coordinar con los ministros, con los intendentes, alcaldes, legisladores de todo el espectro político, sumando también a la academia, parece no ser tarea fácil, y evidentemente no la es. De ahí emerge la necesidad de que la política en su sentido más amplio se haga presente.

Ya todos sabemos las diferencias políticas existentes, ya sabemos que en muchos asuntos parecen ser ''enemigos irreconciliables'', pero lo que también sabemos, es que primero que nada está el país.