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Vecinos de Punta Rubia denuncian violencia de la Policía

Marzo 11, 2021

Ministerio del Interior insiste en acceder a datos de autocultivadores del IRCCA, pero la ley prohíbe compartir esa información.

Vecinos residentes de Punta Rubia, Rocha, enviaron este martes una carta al Ministerio del Interior (MI) en la que denuncian “una vez más el inexplicable uso de fuerza y despliegue policial” en la localidad durante un allanamiento en una vivienda. Las 50 familias firmantes ya habían enviado una carta en noviembre en la que cuestionaban la forma en que se llevó a cabo el operativo Ballena, entre otras cosas, porque se realizó sin órdenes de allanamiento y apelando a la firma voluntaria de los vecinos para permitir el registro de la casa, con la “intimidación” de la presencia de efectivos armados. Este procedimiento, que también se realizó en la zona de Santa Isabel, implicó el registro de más de 170 personas.

El allanamiento se realizó el 25 de febrero sobre las 14.30 en la casa de P.V., en busca de “estupefacientes”, según la información aportada por los vecinos. “Un grupo de aproximadamente 20 efectivos policiales, entre los que se cuentan uniformados de azul, Policía técnica y efectivos vestidos de negro con metralletas, pasamontañas negros y chalecos antibalas, irrumpieron en forma violenta y sin identificarse en el domicilio”, afirman en el documento. En ese momento, según la versión de los firmantes, el dueño de casa se encontraba trabajando en La Paloma, donde se desempeña como carpintero, y en la vivienda había dos amigos que fueron reducidos “a punta de metralleta en la cabeza”.

A uno de ellos, según relatan los vecinos, le dieron a firmar un documento “que según le dijeron lo hacía responsable y tutor de las plantas de cannabis que se encontraran durante el allanamiento”. El hombre firmó, pero “sin estar seguro” de en qué consistía lo que estaba firmando, y bajo la “amenaza de los efectivos policiales”. “Ahora él siente preocupación porque en realidad no conoce el tenor del documento que firmó”, señalan en la carta.

Paula Schwedt, que integra el grupo de vecinos residentes de Punta Rubia, dijo a la diaria que a diferencia del procedimiento que motivó la carta anterior, este caso “le pasó a una familia puntual, que quedó muy conmovida por lo que le sucedió”. Señaló que “la forma en que los abordaron fue muy violenta” y que “les costó salir a comunicarlo” por miedo a represalias. “Entraron a la casa pateando la puerta principal, la arrancaron, mientras que ellos le habían ofrecido abrirla sin problema. Y también arrancaron la puerta del baño”, sostuvo Schwedt, que recogió y contrastó los testimonios de los diferentes testigos para armar la carta.

Según Schwedt, la versión que dieron los funcionarios a una de las vecinas es que “buscaban estupefacientes”, ante lo cual la mujer les dijo que el dueño de la casa estaba registrado en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) para tener las plantas que había en su jardín, y buscó la documentación en la casa y se las entregó. “En ese momento la Policía desistió de arrancar las plantas y se comunicaron con los superiores, explicando que les habían mostrado el registro”, manifiestan los vecinos en la carta. “La excusa es que venían buscando estupefacientes, como si fuera Pablo Escobar, a una persona que está registrada en el IRCCA”, apuntó Schwedt.

“P.V. llegó a la casa y sus amigos y vecinos le narraron lo sucedido, se presentó entonces en la comisaría para nuevamente exhibir la inscripción en el IRCCA. Lo recibieron, pero no le ofrecieron explicaciones, como tampoco le mostraron la orden de allanamiento”, se afirma en el texto enviado al MI. Para los vecinos, “verificar la cantidad de plantas de cannabis que posee una persona autorizada” por el IRCCA no debería ameritar “un procedimiento tan violento”, por lo que solicitan al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que “investigue las circunstancias de este anómalo” proceder.

Este martes, en rueda de prensa, al ser consultado por las irregularidades del operativo, el ministro dijo que el procedimiento “fue legal” y los allanamientos fueron dispuestos “en función de denuncias anónimas que se habían dado”.

Martín Fernández, abogado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, explicó a la diaria que “la figura de allanamiento voluntario no existe”. “Es un contrasentido porque el allanamiento es una de las medidas más invasivas del proceso penal. Existe la posibilidad, dentro del Código del Proceso Penal, de que se le solicite a la persona que es jefa de hogar si se puede ingresar a la vivienda”, pero esto “no puede ser utilizado como una trampa a la figura del allanamiento”.

“Si en todo caso la Fiscalía tiene alguna sospecha o indicio de que se está cometiendo un delito en un domicilio, lo que corresponde que haga es una solicitud de allanamiento, que tiene que ser justificada ante un juez, que es quien las otorga siempre”, agregó.

Ministerio del Interior: todas las plantaciones son “ilegales en principio”

Autoridades del MI dijeron a la diaria que como la cartera no puede acceder a los datos de los clubes cannábicos ni de los autocultivadores registrados en el IRCCA, todas las plantaciones “son ilegales en principio”. Asimismo, señalaron que se han solicitado los datos de los usuarios al IRCCA para “separar legales de ilegales” pero el instituto no accedió a la solicitud.

Consultado en rueda de prensa por la diaria, Larrañaga confirmó que la cartera va a pedir “por lo menos la ubicación” tanto de clubes como de autocultivadores para poder controlarlos. “No queremos generar inconvenientes de ninguna naturaleza con aquellos que están en el marco de la ley, pero puede haber situaciones de desborde, y que de lo legal se pueda transformar en una parte en ilegal”, agregó.

La Ley 19.172 de regulación y control del cannabis establece, en su artículo 8, que la información relativa a la identidad de los titulares de los actos de registro tiene “carácter de dato sensible”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la ley de protección de datos personales (18.331). Este artículo señala que “ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles”, los cuales “sólo podrán ser objeto de tratamiento con el consentimiento expreso y escrito del titular”. Además, la norma prohíbe “la formación de bases de datos que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles”. En este sentido, está terminantemente prohibido por ley que el MI acceda a estos datos.

Sobre este punto, Fernández fue enfático en que “los datos de las personas que están registradas en el instituto están protegidas por la ley de hábeas data de registros de la información”. Entonces, “el MI de por si no puede acceder a estos datos, que están debidamente custodiados”, dijo Fernández, y explicó que “sólo un juez, en el marco de una investigación, puede dar orden de aportar información”.

En octubre del año pasado, Larrañaga anunció que su ministerio comenzaría a inspeccionar los clubes cannábicos, como forma de controlar que los excedentes de su producción no se vuelquen al mercado negro, e indicó que el MI pediría al Ircca el “acceso a la información de los clubes cannábicos para cruzar la información y poder tener intervención”, en el entendido de que la fiscalización desarrollada por el instituto es “totalmente insuficiente”.

Fernández explicó que “hay que deslindar muy claramente el estar inscripto en el Ircca, que es un paraguas para estar dentro de la normativa, a la situación de las personas que no están dentro del registro, pero que también tienen cultivos”. “A partir de la ley 19.172 no se puede sostener que cualquier plantío, cultivo o tenencia es ilegal o castigable. La ley, justamente, lo que trata de hacer es separar la situación de los cultivos y de las tenencias que pueden estar por fuera del marco regulatoria”.

Según explicó, no estar registrado o estar por encima de la cantidad establecida no es una actividad delictiva. “La ley plantea claramente un paradigma que se sostiene en el uso personal. Si no está acreditado el uso personal, ahí eventualmente se puede responsabilizar a la persona por una tenencia que sea punible. Pero de ninguna manera tener cantidades por encima de la ley o no estar registrado tiene como consecuencia estar cometiendo una actividad delictiva. Eso no es lo que quiere la ley y no es lo que se establece”, apuntó.